La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) expresó este lunes su “más enérgico rechazo” a lo que calificó como una “campaña de difamación” en su contra, luego de la publicación de diversas investigaciones periodísticas que denuncian supuestos desvíos de fondos vinculados a la institución y a su dirigencia.
A través de un comunicado oficial, la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia cuestionó informaciones difundidas en los últimos días por la prensa local, a las que calificó como “tendenciosas y carentes de sustento”. En el texto, la AFA manifestó su respaldo tanto a su presidente como a su tesorero, Pablo Toviggino, y negó la existencia de irregularidades en sus operaciones financieras.
Las declaraciones de la AFA se produjeron tras la publicación de una investigación del diario La Nación, que reveló que la empresa estadounidense TourProdenter LLC —encargada de administrar los negocios comerciales de la AFA en el exterior— habría recaudado alrededor de 260 millones de dólares en los últimos cuatro años. Según la investigación, parte de esos fondos habría sido derivada a sociedades comerciales y personas físicas.
De acuerdo con documentos bancarios obtenidos por la Justicia de Estados Unidos, una sociedad integrada hasta mayo pasado por Darío Toviggino, hermano del actual tesorero de la AFA, habría recibido unos 468.000 dólares en los últimos siete meses. La investigación también señala que otras sociedades que recibieron fondos fueron constituidas en el estado de Florida por ciudadanos argentinos, sin empleados registrados ni actividad comercial declarada.
Ante estas acusaciones, la AFA sostuvo que el vínculo contractual con TourProdenter LLC “ha sido oportunamente sometido al análisis de distintos tribunales, tanto en la Argentina como en los Estados Unidos”, y aseguró que en esas instancias “no se detectó irregularidad alguna”.
En su comunicado, la entidad fue más allá y denunció la participación del Gobierno del presidente Javier Milei en la promoción de “acciones y campañas públicas contra la AFA y sus autoridades”, con el objetivo —según afirmó— de “generar un clima de deslegitimación y desestabilización institucional”.
La tensión entre el Gobierno nacional y la AFA se mantiene desde hace más de un año y se profundizó a partir del impulso oficial a un modelo de sociedades anónimas deportivas en el fútbol argentino, iniciativa rechazada por la AFA y por la mayoría de los clubes afiliados.
El conflicto escaló el pasado 15 de diciembre, cuando Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad y actual senadora del espacio político que lidera Milei, denunció a Tapia y a Toviggino ante la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) por presuntos hechos de corrupción. En su presentación, Bullrich sostuvo que la conducción de la AFA incurre en violaciones a principios de integridad, transparencia, deber fiduciario y prevención del lavado de activos.
En paralelo, la Justicia argentina avanza en varias investigaciones que involucran a la entidad. Una de ellas analiza un presunto caso de lavado de dinero a través de una financiera vinculada a la AFA, lo que derivó en allanamientos a 17 clubes del país y a la sede central de la asociación. Este lunes, además, se ordenaron decenas de procedimientos en bancos y casas de cambio para investigar maniobras de compra y venta de dólares realizadas por la financiera Sur Finanzas.
Según la investigación judicial, se busca determinar si la firma obtenía divisas del Banco Central al valor oficial para luego venderlas en el mercado paralelo a un precio superior. Asimismo, el pasado 26 de diciembre, la Justicia imputó a Tapia y Toviggino en una causa que investiga la presunta retención ilegal de aportes previsionales y otros tributos.
Mientras las causas judiciales siguen su curso, la AFA insiste en rechazar las acusaciones y sostiene que se trata de un intento de desprestigio contra la conducción del fútbol argentino.