La inclusión del dopaje como conducta penal en el nuevo Código Penal de la República Dominicana ha abierto un intenso debate en los sectores jurídico y deportivo. Aunque la intención del legislador es clara —combatir prácticas que afectan la salud y la integridad en el deporte—, expertos advierten que la forma en que se ha planteado podría generar más problemas que soluciones.
El exatleta y dirigente internacional Marcos Díaz, con amplia experiencia en la lucha contra el dopaje, considera que tipificar esta conducta en el derecho penal dominicano representa un reto complejo. En su análisis, señala que el artículo 105 del nuevo Código Penal, relativo a los “daños por dopaje”, requiere una revisión profunda antes de su entrada en vigencia.
La disposición establece sanciones de dos a tres años de prisión, además de multas, para quienes suministren sustancias o métodos destinados a mejorar el rendimiento físico. Sin embargo, uno de los principales problemas radica en la falta de precisión normativa. El artículo no define claramente qué se entiende por “sustancias controladas prohibidas” ni quién determina su carácter, lo que podría dar lugar a interpretaciones arbitrarias.
Este vacío entra en conflicto con un principio esencial del derecho penal: no hay delito sin una ley previa, clara y precisa. Sin definiciones concretas, la seguridad jurídica se ve comprometida.
El problema se agrava al considerar la complejidad del sistema antidopaje a nivel internacional. En el deporte olímpico, el control se rige por listas de sustancias prohibidas que se actualizan constantemente y que incluyen, en muchos casos, medicamentos de uso terapéutico legítimo. Incluso existen mecanismos que permiten su uso bajo justificación médica.
Esto implica que el dopaje no se limita al consumo de drogas ilegales, sino al uso indebido de sustancias en contextos deportivos específicos. Bajo la redacción actual del Código Penal, un médico o farmacéutico podría ser sancionado por prescribir medicamentos comunes que contengan componentes restringidos en el deporte, aun cuando actúe de manera legítima.
Otro dilema importante es la definición misma de “sustancia dopante”. A nivel global, esta clasificación depende de organismos especializados. Sin embargo, si el legislador dominicano adopta listas internacionales, se enfrenta a un problema de delegación normativa, al ceder indirectamente la definición de un delito a entidades externas.
La experiencia internacional muestra enfoques diversos. Algunos países penalizan incluso el consumo por parte del atleta, mientras otros centran la responsabilidad en su entorno, como entrenadores o médicos. En Estados Unidos, por ejemplo, la intervención penal se limita a esquemas de fraude o corrupción.
El consenso general es que el dopaje es, ante todo, una infracción deportiva, que solo debe trascender al ámbito penal cuando afecta la salud pública o involucra delitos conexos.
En el contexto dominicano, la preocupación es real. El dopaje ha impactado especialmente a jóvenes deportistas, en particular en el béisbol, donde la falta de regulación en ciertos espacios ha permitido prácticas riesgosas. Se han documentado casos de daños graves e incluso muertes asociadas al uso indebido de sustancias.
No obstante, especialistas advierten que la solución no necesariamente pasa por crear nuevos delitos mal definidos, sino por fortalecer la regulación, mejorar la supervisión y aplicar con rigor las leyes ya existentes, como las relacionadas con la salud pública, el ejercicio ilegal de la medicina o la distribución de medicamentos.
En conclusión, aunque la intención de penalizar el dopaje es legítima, su incorporación al Código Penal debe hacerse con rigor técnico y claridad. De lo contrario, existe el riesgo de crear normas ineficaces o injustas que, lejos de resolver el problema, generen nuevas complicaciones en el sistema judicial dominicano.