Ginebra (AP) — La Federación de Fútbol de Noruega ha anunciado su intención de abstenerse en la reunión de este miércoles para ratificar a Arabia Saudí como sede del Mundial de 2034. La decisión se fundamenta en la falta de acción de la FIFA para garantizar la protección de los derechos humanos.
“Las propias directrices de la FIFA sobre derechos humanos y diligencia debida tampoco han sido adecuadamente integradas en el proceso, lo cual eleva el riesgo de violaciones a los derechos humanos”, declaró Lise Klaveness, presidenta de la federación noruega, en un comunicado emitido el martes.
La reunión, que contará con la participación de las 211 federaciones miembro de la FIFA, tiene como objetivo ratificar la decisión de otorgar la organización de la Copa del Mundo 2034 a Arabia Saudí y la edición de 2030 a un consorcio de seis países: España, Portugal, Marruecos, Uruguay, Argentina y Paraguay. Klaveness criticó la falta de transparencia y predictibilidad en el proceso.
“La votación del miércoles no es sobre quién obtiene las Copas del Mundo 2030 y 2034 — eso ya ha sido decidido”, puntualizó Klaveness, señalando que la aprobación sin una votación detallada no se alinea con los principios de gobernanza sólida.
El año pasado, la FIFA ajustó las bases del proceso para que sólo hubiera una candidatura para cada Mundial, reduciendo así la posibilidad de críticas externas. Este enfoque coincide con la profundización de los vínculos financieros y políticos entre la FIFA y Arabia Saudí, liderada por su presidente Gianni Infantino.
Arabia Saudí ha proyectado una inversión masiva en infraestructura, incluyendo estadios, hoteles y sistemas de transporte, para albergar la Copa del Mundo. Sin embargo, el proyecto depende en gran medida de la mano de obra inmigrante, lo que ha generado inquietudes sobre posibles abusos laborales y violaciones a los derechos humanos similares a las ocurridas en Qatar antes del Mundial de 2022.
La evaluación interna de la FIFA sobre la candidatura saudí calificó el torneo como un evento de “riesgo elevado”, pero también destacó “opciones significativas para un impacto positivo en los derechos humanos”. No obstante, activistas han criticado este enfoque como una tentativa de minimizar los problemas reales.
La Federación de Fútbol de Suiza, por su parte, anunció que apoyará las decisiones de la FIFA sobre las sedes de 2030 y 2034, aunque expresó preocupaciones por la “vaguedad” de la estrategia saudí en cuanto a protección de derechos y libertades. Dominique Blanc, presidente de la federación suiza, instó a la FIFA y a los organizadores a trabajar con organizaciones internacionales independientes para monitorear el cumplimiento de compromisos relacionados con los trabajadores, equipos, aficionados y profesionales de prensa.
Mientras tanto, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que colaboró con Qatar en la reforma del sistema laboral “kafala”, está investigando una queja formal sobre abusos laborales en Arabia Saudí presentada por el sindicato global Building and Wood Workers´ International.
La FIFA ha sido objeto de críticas por su manejo de los derechos laborales en Qatar. Pese a las recomendaciones de expertos de compensar a los trabajadores afectados, la FIFA estableció un fondo de legado de 50 millones de dólares tras el Mundial 2022, destinado exclusivamente a proyectos de caridad vinculados con agencias de la ONU.
Lise Klaveness concluyó su comunicado afirmando que “la falta de previsibilidad y procesos abiertos desafía la confianza en la FIFA como el custodio global del fútbol”. Su postura subraya la creciente tensión entre las demandas de transparencia y los intereses económicos en el deporte.